“Nacionalismo
desintegrador” es el título del artículo elaborado por el Equipo enLIZA en el
que se analizan no tanto las perjudiciales consecuencias de la independencia de
hecho para los propios catalanes sino, sobre todo, los efectos desintegradores
para la sociedad española, coste que en ningún caso justificaría el hipotético
beneficio de tal independencia.
Ya he hablado en otras
ocasiones del Equipo enLIZA y de su coordinador Juan Vazquez, de los que he
publicado algunos de sus trabajos. Hoy inicio una serie de 4 capítulos en los
que se desarrollan sus conclusiones sobre este asunto de plena actualidad
política y social en nuestro país.
1.- El derecho a
decidir: el gran eufemismo
El derecho a decidir se convirtió
en los últimos tiempos en el eufemismo más utilizado por los independentistas
catalanes y por aquellos partidos que juegan a cualquier baraja con tal de obtener
algún dividendo electoral. Se trataría de evitar a toda costa la utilización de
la correcta denominación de lo que quieren conseguir los independentistas: el
derecho a la autodeterminación y la secesión subsiguiente.
El derecho a decidir suena muy
bien, por lo que cumple con la finalidad ocultar las verdaderas relaciones
políticas, edulcorando la realidad y evitando pronunciar un concepto demasiado
bronco que ponga en guardia a electores bienpensantes, encandilados con algo
tan natural y tan consustancial con la democracia como es el derecho a decidir.
En democracia el derecho a
decidir lo tenemos todos y no puede excluirse a ningún grupo de ciudadanos, ni
reservarse en exclusiva a quienes habitan un determinado territorio, salvo que
así lo dispusieran las leyes. Los ciudadanos catalanes tienen derecho a decidir
-en plena igualdad con el resto de ciudadanos de otros territorios- sobre las
cuestiones que afectan a todo el Estado español: Cambios constitucionales,
presupuestos generales del Estado, leyes civiles, penales y administativas,
etc. De la misma manera los ciudadanos del conjunto de España tienen derecho a
decidir sobre todo lo que afecta al ordenamiento jurídico en Cataluña, excepto
en las materias constitucionalmente transferidas y, por supuesto, tienen
derecho a decidir sobre la integridad territorial de España.
El derecho a decidir -en
concordancia con la demagogia- podría (¿por qué no?) atribuirse a cualquier
comunidad autónoma, provincia, municipio, barrio, o a comunidades de vecinos,
comunidades religiosas, deportivas, etc. etc. Una comarca o un municipio
catalán -según los defensores del derecho a decidir- podría decidir permanecer
en España, pero esta posibilidad no parece que sea aceptada por los
independentistas, ni tampoco indican si la futura constitución catalana
contemplará el derecho a decidir de los municipios o entidades territoriales de
Cataluña.
Pero llevado al límite el derecho
a decidir por qué no reconocer el derecho individual a decidir sobre el pago de
impuestos, o el derecho a decidir para pagar o no pagar las deudas
contraídas...o las multas de tráfico ¿por qué no?.
El derecho a decidir es un
concepto polisémico, que puede significar cualquier cosa o, de otra forma, cada
persona puede atribuirle el significado que le parezca más oportuno. Esto es
análogo a lo que ocurre con palabras tan manidas como patria, justicia,
libertad, ética, etc. etc. que tienen el significado que cada individuo quiera
otorgarles.
En realidad el derecho a decidir
-si se equipara al derecho de voto- está perfectamente establecido en cualquier
democracia y regulado en las normas electorales en las que se especifica el
derecho de sufragio activo y pasivo, condiciones de electorabilidad y
elegibilidad, distritos electorales, tipos de elecciones, etc.
Pero para que el sofisma sea
completo hay que mantener que el derecho a decidir es exclusivo de los
nacionales de Cataluña: Catalunya será lo que quieran sus ciudadanos -dicen
ciertos dirigentes-, en otras palabras, el resto de los nacionales del conjunto
de España quedan desprovistos del derecho a decidir, aunque sea sobre un tema
fundamental como es la integridad del territorio nacional. Para los
independentistas y los partidarios del derecho a decidir, ellos y solo ellos,
tienen derecho a decidir sobre la integridad del territorio nacional -porque no
es otra cosa lo que se decide- mientras que al resto de españoles solo les
queda asentir sin más.
El otorgamiento del derecho a
decidir de unos supone el expolio del derecho a decidir de los demás -la
mayoría de los españoles-. Pero no olvidemos que la imposición de la voluntad
de la minoría sobre la de la mayoría no es otra cosa que la esencia de una
dictadura.
Grupo enLIZA
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