4.- Nacionalismo
desintegrador.
Son numerosísimos los artículos
de opinión y estudios elaborados desde diversas posturas sobre las
consecuencias de una hipotética independencia de hecho -por mutuo acuerdo no
tiene visos de realidad-, tanto para Cataluña como para el Estado español, en
los ámbitos político, economómico y social, de manera que únicamente se
resaltarán algunas cuestiones que no han sido suficientemente publicitadas.
Los independentistas se vuelcan
en hacer ver los beneficios -económicos sobre todo- que conseguirían los
catalanes con la secesión, lo cual es discutible tal como se puede comprobar en
los argumentarios de los partidos políticos contrarios a la secesión y en
numerosas publicaciones especializadas. Pero lo que los independentistas no
quieren hacer ver a la población es que para conseguir tales beneficios se
producirían unos perjuicios inconmensurables en el Estado español.
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España perdería las comunicaciones e
infraestructuras que discurren por Cataluña que pasarían a estar controladas
por un Estado independizado del supuesto sojuzgamiento. Esta situación
introduce unos límites de futuro muy evidentes al desarrollo de la economía
española.
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Desde el punto de vista político la secesión de
Cataluña extendería el derecho de autodeterminación al resto de España: fuerzas
políticas del País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias,
etc., comenzarían desde el mismo momento de la independencia de Cataluña a
reivindicar la suya propia, de manera que se produciría de facto la
inviabilidad a largo plazo del Estado español.
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Se produciría una considerable alteración del
espectro político en España. La independencia de Cataluña propiciaría, muy
probablemente, un desplazamiento hacia posiciones conservadoras o de extrema
derecha muy notables. Se extendería una ideología basada en un acentuado
nacionalismo españolista. Así como los independentistas catalanes llevan tiempo
afirmando que el presidente Rajoy es una máquina de producir independentistas,
también puede decirse que los secesionistas catalanes son y serán una máquina
de producir españolistas. Son las dos caras de una moneda que se
retroalimentan. Desde luego, los partidos que hubiesen apoyado o flirteado con
la independencia de Cataluña serían estigmatizados como traidores y reducidos a
la mínima expresión.
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A nivel europeo la independencia de Cataluña
activaría la espoleta de la destrucción de la Unión Europea. Europa tiene
suficientes conflictos -derivados en gran medida de la crisis económica y del
elevado número de socios- como para introducir el problema de los nacionalismos
que son precisamente los que han propiciado los conflictos y las guerras en
Europa. Si la Unión Europea tiene como objetivo la superación de los nacionalismos,
caminar en el sentido opuesto, propiciándolos, supondría admitir que la locura
se hubiese apoderado de sus gobernantes.
Estos puntos ponen de manifiesto
el gran error de cálculo de los independentistas catalanes que ignoran los
desproporcionados perjuicios que se producirían en el resto de España y en
Europa a cambio de unos cuestionables beneficios económicos. Ante la
desintegración del Estado a que conduciría la independencia de Cataluña, es
evidente que se activarían por las instituciones y los ciudadanos cuantos
recursos políticos, económicos y militares fuesen precisos.
La codicia, los dogmatismos, los
tribalismos, los nacionalismos y las religiones son fuente de los conflictos y
las guerras. El mundo camina en el sentido opuesto al nacionalismo que no es
sino una pseudoreligión. El ideal de progreso es la ciudadanía mundial
superadora de localismos, provincianismos y nacionalismos.
No es admisible una vuelta atrás
mediante nacionalismos desintegradores que sería caminar en el sentido
contrario de la historia y esto ha de hacerse saber a los ciudadanos de toda
España. La solución al actual conflicto tiene que venir de una integración cada
vez más estrecha entre los países europeos, caminando hacia la constitución de
instituciones democráticas supranacionales dotadas de instrumentos de política
económica y social que garanticen el estado de bienestar para la población
europea.
