Ayuntamientos del PP fraccionaron contratos o los adjudicaron a dedo
Las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas evidencian los recovecos empleados para la concesión de servicios en Móstoles, Getafe o Villalba en el ejercicio 2013
/ CLAUDIO ÁLVAREZ
Una decena de ayuntamientos madrileños gobernados en 2013 por elPP, entre ellos algunos de los más poblados como Móstoles, Getafe yVillalba, fraccionaron contratos o establecieron ese año un presupuesto de licitación de 60.000 euros, “el importe límite que permite utilizar el procedimiento negociado sin publicidad”, según refleja un informe de la Cámara de Cuentas. Las irregularidades detectadas evidencian los recovecos empleados para la concesión municipal de contratos públicos. Las adjudicatarias realizaron en algunos casos ofertas a la baja irrisorias de entre uno y cuatro euros en contratos de hasta 60.000.
El denominador común del que advierten los auditores de la Cámara de Cuentas es el hábito de determinados Consistorios de conceder contratos a una misma empresa directamente, mediante procedimientos negociados sin publicidad. También se contabilizaron casos de fraccionamiento de contratos, que casualmente favorecían a las mismas compañías. Las anomalías más llamativas se detallan a continuación:
Una tramitación “precipitada” de las fiestas de CHINCHÓN.
La organización de las fiestas patronales de Chinchón de 2013, comprendidas entre el 14 y 17 de agosto, se formalizó el día 13 de ese mes, tan solo un día antes del comienzo de los festejos. La alcaldesa era Luisa María Fernández, del PP.
El pliego de cláusulas del contrato estableció un presupuesto de licitación de 60.000 euros, de nuevo el importe límite que permite utilizar el procedimiento negociado sin publicidad. Como en casos anteriores, la Cámara de Cuentas no dispone del expediente justificación que debería determinar cómo se llegó a ese “importe exacto”. A los auditores les llama la atención la “corrección manual del valor estimado en el pliego de cláusulas”, estableciendo el importe referido de 60.000 euros. El valor estimado del contrato era de 65.000 euros según el interventor.
“La escasa documentación del expediente incurre en diversos errores que revelan una tramitación precipitada y descuidada”, concluye en su informe la Cámara. Sus críticas son “prácticamente una reiteración” de las del informe de fiscalización de 2011. Entonces, el adjudicatario de las fiestas fue “el mismo”.
Las apreciaciones de la Cámara contrastan con las de la regidora del PP en 2013. “Soy consciente de que el pueblo de Chinchón está haciendo un verdadero esfuerzo (...). Dentro de los límites del sentido común, considero necesario y justo un breve periodo de descanso y diversión para todos”, afirmaba Fernández. La política se comprometió a “conjugar correctamente los límites del gasto público con las necesidades” del municipio. “Supone un ejercicio de gestión diario, comprometido y responsable. Bajo estos criterios, se aborda la organización de las fiestas patronales”.
Contratos troceados en Villalba. Dos contratos de asistencia técnica y asesoramiento jurídico de 36.295 y 29.995 euros fueron una “repetición de los celebrados con el mismo objeto en 2012”. El alcalde de Villalba (62.500 habitantes) era Agustín Juárez, al alza en el PP hasta su imputación en Púnica.
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La Cámara de Cuentas ya señaló en su informe de fiscalización de 2012 que ambos contratos, adjudicados al mismo contratista mediante procedimiento negociados sin publicidad, no se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público ya que la concesión era por un año cuando le “correspondería un plazo de ejecución mayor”. Aparte del evidente fraccionamiento de los contratos, la concurrencia de firmas fue “deficiente”: las empresas y profesionales invitados a participar “fueron los mismos” que en 2012. Y eso que una de las firmas invitadas “no había presentado oferta alguna” el año anterior. “El adjudicatario fue también el mismo”, recalcan los expertos de la Cámara. La ganadora del concurso ofertó una bajada de 4,13 euros en el primer contrato y de 4,73 euros en el otro.
Justificación “insuficiente” en Móstoles. La segunda ciudad más poblada de Madrid, con más de 200.000 habitantes, adjudicó en 2013 —el alcalde era Daniel Ortiz (PP), relevado en mayo por David Lucas, del PSOE— la renovación de unas licencias (27.553 euros) dependientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo sin argumentos sólidos. El interventor delegado puso de relieve que “sería conveniente considerar la posibilidad de celebrar en el futuro” un contrato de mayor duración que se adjudicase mediante procedimiento abierto. El motivo es que un contrato similar ya se había realizado el ejercicio anterior. De esta manera se evitaría “un fraccionamiento del objeto del contrato” y favorecería “una mayor concurrencia de ofertas”.
Al procedimiento negociado sin publicidad concurrieron tres empresas invitadas. La Cámara de Cuentas afirma que “no existió una verdadera concurrencia”: una de las empresas invitadas era filial de la adjudicataria y la tercera de las firmas era la propietaria de las patentes de los productos cuya renovación de licencias era objeto del expediente. “Estos datos refuerzan la necesidad de seguir un procedimiento abierto que mediante la correspondiente publicidad garantice razonablemente la existencia de libre concurrencia”, apostillan los expertos del organismo fiscalizador.
Oferta a la baja de 76 céntimos en Getafe. El valor estimado del contrato del mantenimiento de equipos y sistemas informáticos de la Agencia Local de Empleo y Formación se estableció en 59.999,00 euros (IVA excluido), es decir, un euro menos que el importe límite admitido por la Ley para celebrar un procedimiento negociado sin publicidad. También fue 76 céntimos inferior al contrato que en 2012, “con idéntico objeto, se adjudicó a la misma empresa también mediante procedimiento negociado sin publicidad”, señala el organismo fiscalizador. El alcalde de Getafe (170.000 habitantes) la legislatura pasada fue Juan Soler, del PP. Le sucedióSara Hernández, actual secretaria general de los socialistas madrileños.
La Cámara de Cuentas observa además que, aunque el contrato “responde a la satisfacción de una necesidad estable y continuada en el tiempo”, se estableció sin embargo una duración de un año, en contra una vez más de la de Ley de Contratos del Sector Público. “Este fraccionamiento posibilita el recurso sucesivo al procedimiento negociado sin publicidad”, sentencian los autores del informe. La promoción de la concurrencia de compañías interesadas también resultó “deficiente”, debido a que “solamente” obtuvo una oferta. Además, dos de las tres empresas invitadas a presentarse “mantienen una estrecha colaboración profesional”.
60.000 euros ‘clavados’ en Las Rozas. El pliego de cláusulas del contrato celebrado por la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas (93.000 habitantes) para la asistencia técnica para el desarrollo de un estudio de intervención urbanística en el polígono de Európolis estableció, “sin que conste en el expediente justificación cómo se ha determinado este importe exacto”, un presupuesto de licitación de 60.000 euros. Justo el tope legal que permite que un contrato sea negociado sin publicidad. La Cámara subraya que “no es posible conocer si se ha producido una correcta estimación del importe del valor del contrato atendiendo al precio general de mercado”. En principio, el importe de adjudicación era de 71.995 euros. El regidor de Las Rozas era José Ignacio Fernández Rubio (PP). Imputado en tres causas, no repitió.
