Ahora, cuando vemos cómo muchos españoles han visto disminuir sus ahorros invertidos en “las participaciones preferentes” de los bancos, nos trae a la memoria lo ocurrido en los años de la Guerra Civil, con el dinero que los ciudadanos tenían, emitido por la república. Aunque las circunstancias, lógicamente, no fueron las mismas, el resultado puede ser parecido: ciudadanos honrados que pierden sus ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificios.
El General Franco, un año después del golpe de Estado, dejó sin valor los billetes puestos en circulación por el Ejecutivo a partir del 18 de julio de 1936, y en abril de 1938 dictó normas de carácter general para el canje de los emitidos antes de esa fecha por los que el nuevo Estado comenzó a acuñar en Burgos.
Tras sucesivos decretos se crearon el Tribunal de Canje Extraordinario de Billetes y el “Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo”, al que iba a parar el dinero incautado. El objetivo era poner fuera de circulación el dinero rojo y deprimir su valor en el mercado exterior.
Los ciudadanos de las localidades que iban siendo liberadas por las tropas nacionales quedaban obligados a depositar sus ahorros en el Banco de España, en cualquier entidad bancaria privada, ante las autoridades militares o en los ayuntamientos, con la amenaza de ser detenidos y juzgados por contrabando si no lo hacían. Como justificante les entregaban un recibo con el que solicitar su posterior restitución por otro de curso legal. Pese a ello, setenta años más tarde muchos afectados no han logrado recuperar el dinero que les fue arrebatado.
El 17 de septiembre de 1938, publica el Gobierno Nacional un decreto en el Boletín Oficial del Estado, en el que se dice: «En el territorio dominado por el Gobierno Nacional, y que en lo sucesivo se libere, queda prohibida la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo (...). La tenencia de los referidos signos fiduciarios, contra lo dispuesto en este decreto, constituye acto de contrabando, que será juzgado y condenado conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre la materia» y determinaba que el dinero legal de la República, considerado "papel moneda puesto en circulación por el enemigo", debía ser incautado a sus propietarios a cambio de vales canjeables.
El origen de esos vales canjeables es un decreto del Ministerio de Hacienda franquista, aprobado en Burgos el 27 de agosto de 1938, que responsabilizaba al Banco de España "de las operaciones de canje de billetes puestos en circulación con anterioridad al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, que existan en los territorios cuya liberación realice el Ejército Nacional".
Para cumplir con ello, los habitantes de las regiones que fue conquistando el bando nacional se tenían que acercar a sucursales del Banco de España, oficinas de bancos privados, cajas de ahorros e incluso a los consistorios de sus pueblos, para entregar su dinero. Muchos no volvieron a ver el dinero.
Nos podríamos preguntar. ¿Qué valor real tendría ahora una peseta de la República? La Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) tiene datos atribuidos al Banco de España de que una peseta de 1936 se había multiplicado en 1996 por 215. Con la entrada en vigor el euro, en el 2002, calculan que su valor podría llegar a las 400 pesetas, es decir, 2,40 euros. Fue entonces cuando un grupo de personas se decidieron a reclamar al Estado un dinero republicano que durante más de 60 años sólo fue otro triste recuerdo de una guerra.
Nos queda la esperanza de que el desenlace de la situación del dinero de los ciudadanos que invirtieron en participaciones preferentes de los bancos sea más satisfactorio que el del dinero de la República, y mucho más rápido.
