Un artículo de Luis García Montero en el Impacial del día 17 de Enero de 2016.
Escribo el título del artículo y siento que debo pedir perdón a los lectores por volver a una frase y a un asunto que ya están en el pasado. Doña María Dolores Ripoll, abogada del Estado, pronunció la frase al principio de esta semana. Hace sólo unos días del susto, pero un lunes queda muy lejos de un domingo dentro la dimensión del tiempo en la que hemos instalado nuestra vida. Hemos recortado el valor de la memoria hasta unos extremos que pueden dejarnos sin futuro. El pasado hecho sombras acaba por oscurecer el porvenir.
Por fin se celebraron las primeras sesiones del juicio en el que está involucrada la infanta Cristina. La abogada del Estado afirmó que el lema “Hacienda somos todos” es sólo una campaña publicitaria. El sentido de esa declaración pudo ser una simple añagaza jurídica, una ocurrencia de doña María Dolores. Como “Hacienda no somos todos”, la infanta no debe ser acusada por una iniciativa popular. Pero en boca de una abogada del Estado, no de una abogada defensora de la infanta, la declaración adquiere un significado muy grave desde el momento en el que una representante del espacio público deja de defender el bien común para ponerse al servicio de un interés privado.
Que una campaña publicitaria repitiese la idea de que “Hacienda somos todos” no tiene nada que ver con el carácter público de las instituciones. Con esa añagaza, la abogada del Estado puede justificar cualquier tipo de corrupción. ¿Es de todos los madrileños la hacienda de la Comunidad de Madrid? ¿Es de todos los andaluces la hacienda de la Junta de Andalucía? ¿Es todos los españoles la hacienda de España? ¿O se trata sólo de un problema de los políticos en el Gobierno? Si llegamos a esa conclusión, estamos excluyendo a la ciudadanía del derecho a vigilar la corrupción y a exigir honestidad, una idea poco justificable ya que es ella la primera víctima de los delitos relacionados con el dinero público.
Cuando se trata, además, de temas que afectan a la Familia Real, este tipo de afirmaciones se convierten en una pregunta directa sobre el papel del Rey y el lugar de la soberanía. ¿La soberanía española es de todos los españoles? ¿Descansa en el pueblo o en los intereses de Felipe VI y su hermana? Por ahí podemos llegar a la idea de que una Constitución no es más que un conjunto de afirmaciones publicitarias. Eso se acerca demasiado a la realidad en algunas ocasiones, pero asumirlo como argumento de Estado me parece un acto de cinismo inaceptable.
También se ha repetido a lo largo de la semana que la infanta Cristina de Borbón es la primera persona de la familia real que se ha sentado en el banquillo de los acusados. Dicho así, puede parecer que doña Cristina es un bicho raro, una oveja descarriada dentro de una familia modélica. Nada más alejado de la realidad. Con la historia en la mano, la familia Borbón ha sido un nido de corrupciones y de negocios turbios. Es lo que representan en España figuras como las de Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII… Si no se sentaron en el banquillo de los acusados, fue porque la soberanía no descansaba en el pueblo y las leyes no respondían a los intereses públicos.
Como sea aceptado su criterio, la frase de la abogada del Estado puede convertirse en la mayor acusación contra la idea de que son posibles las monarquías democráticas. El descrédito de la Casa Real va a ser notable y va a darle buenos argumentos a los republicanos en esta España en la que las instituciones no pertenecen a la ciudadanía sino a las élites.
La legalidad pública se concreta en derechos privados. La dignidad pública depende del mismo modo de la dignidad de las personas. Resulta necesario alabar como un ejemplo la dignidad del juez Castro en todo este proceso, mientras fiscales y abogados hacen encajes de bolillos con unos argumentos que ofenden a la dignidad colectiva.
Y acabo con una confesión, por la que le pido también disculpas a mis lectores. Aunque mi corazón y mi razón son tricolores, me dio lástima la cara de desamparo de la infanta sentada en el banquillo. Y pensé en mis hijos, mis hermanos y mis amigos. Si alguno de ellos se viese en una situación parecida a la de doña Cristina, yo no mentiría, no afirmaría que son inocentes, no intentaría que se escapasen de la ley, no pediría que los poderes públicos trabajasen al servicio de los intereses privados, pero les daría mi apoyo humano, estaría junto a ellos en la puerta de los juzgados o de la cárcel, porque más allá de la inocencia o la culpa está el amor. ¿Eso se entiende?
Parece que la infanta está enamorada de su marido. No ha pedido el divorcio porque se ha comportado más como una mujer que como una infanta al servicio de la Casa Real. Además de un desafuero para el sentimiento democrático contemporáneo, los reyes son la encarnación histórica de nuestra hipocresía.
