Las fiestas con toros tienen que regularse desde las más estrictas medidas de seguridad y evitando las subvenciones.
El acoso a los animales —en particular a los toros— en las fiestas de verano de toda España produce con frecuencia imágenes chocantes por su brutalidad. El despedazamiento ritual del toro de la Vega entre la algarabía de una multitud enfervorecida es el ejemplo máximo de esta propensión a confundir festejos con pura y simple inhumanidad. Recientemente, la ciudad cacereña de Coria ha dado dos motivos para exacerbar el rechazo a este tipo de fiestas. El primero, la muerte de un ciudadano, desventrado por un toro, durante los sanjuanes, que incluyen la suelta de astados por las calles de la ciudad. El mismo toro causante de la muerte (Guapetón), fue muerto de un tiro en una de las plazas de la localidad, en presencia de vecinos y con la anuencia de las autoridades locales.
La imagen del matador apuntando al animal refleja perfectamente la caótica gestión de algunas fiestas populares. Resulta que en una plaza pública puede dispararse un arma de fuego para abatir a un animal sin que, como precisa la denuncia del partido animalista PACMA, se aplique medida de seguridad alguna y en presencia de testigos. El alcalde de Coria dice que la muerte de Guapetón fue legal; pero eso ya lo decidirá un juez, cuando sopese si la ley Orgánica de Protección Ciudadana, que el municipio tenía la obligación de conocer, es de rango superior —como parece lógico— a la ordenanza de los festejos de la ciudad.
Como Coria, hay muchas localidades que organizan festejos regresivos y chapuceros con animales. Lo indicado es que el Gobierno imponga normas estrictas de seguridad, hasta que resulten disuasorias para los organizadores; que suban los seguros que han de pagar los municipios, siempre encantados con defender las tradiciones aunque impliquen sangre y muerte; y que se prohiban las subvenciones a las exhibiciones de maltrato animal, por lúdicas que parezcan. Algunas imágenes describen a toda una comunidad; las fiestas con astados pintan un cuadro desdichado.
(Editorial de El País. 8 de agosto de 2015)
El acoso a los animales —en particular a los toros— en las fiestas de verano de toda España produce con frecuencia imágenes chocantes por su brutalidad. El despedazamiento ritual del toro de la Vega entre la algarabía de una multitud enfervorecida es el ejemplo máximo de esta propensión a confundir festejos con pura y simple inhumanidad. Recientemente, la ciudad cacereña de Coria ha dado dos motivos para exacerbar el rechazo a este tipo de fiestas. El primero, la muerte de un ciudadano, desventrado por un toro, durante los sanjuanes, que incluyen la suelta de astados por las calles de la ciudad. El mismo toro causante de la muerte (Guapetón), fue muerto de un tiro en una de las plazas de la localidad, en presencia de vecinos y con la anuencia de las autoridades locales.
La imagen del matador apuntando al animal refleja perfectamente la caótica gestión de algunas fiestas populares. Resulta que en una plaza pública puede dispararse un arma de fuego para abatir a un animal sin que, como precisa la denuncia del partido animalista PACMA, se aplique medida de seguridad alguna y en presencia de testigos. El alcalde de Coria dice que la muerte de Guapetón fue legal; pero eso ya lo decidirá un juez, cuando sopese si la ley Orgánica de Protección Ciudadana, que el municipio tenía la obligación de conocer, es de rango superior —como parece lógico— a la ordenanza de los festejos de la ciudad.
Como Coria, hay muchas localidades que organizan festejos regresivos y chapuceros con animales. Lo indicado es que el Gobierno imponga normas estrictas de seguridad, hasta que resulten disuasorias para los organizadores; que suban los seguros que han de pagar los municipios, siempre encantados con defender las tradiciones aunque impliquen sangre y muerte; y que se prohiban las subvenciones a las exhibiciones de maltrato animal, por lúdicas que parezcan. Algunas imágenes describen a toda una comunidad; las fiestas con astados pintan un cuadro desdichado.
(Editorial de El País. 8 de agosto de 2015)