Desde la junta de gobierno de un
ayuntamiento no se puede legislar, pero se debe regir de acuerdo con las leyes
vigentes. Lo primero que hay que pedir a nuestros regidores es que cumplan y
hagan cumplir las leyes.
Desde la junta de gobierno de un
ayuntamiento se deben gestionar los recursos del pueblo de forma coherente,
honesta, responsable, eficaz y transparente. Deben garantizar que los (siempre escasos)
caudales públicos se repartan de forma razonable para mejorar las condiciones
de convivencia en el pueblo.
Porque el principal objetivo de
la junta de gobierno de un ayuntamiento debe ser facilitar la vida municipal en
todos sus aspectos, y debe saber compaginar el derecho de todos. Pongamos un
ejemplo. Los industriales turísticos puede beneficiarse de los espacios
públicos, pero siempre de forma coherente y sin invadir el paso normal de los
peatones por las calles y plazas.
Por lo tanto, la junta de
gobierno del ayuntamiento no necesita ideología, sólo un poco de sensibilidad y
de sentido común.
Pero desde el ayuntamiento, los
representantes elegidos por el pueblo tienen, si no la obligación, sí la
oportunidad de hacer propuestas para mejorar el futuro de pueblo, aunque su
realización no dependa definitivamente de ellos.
Chinchón ha oscilado,
aproximadamente, desde hace varios siglos de 3000 a 5000 habitantes. No
estaría mal que se hiciese una proyección de futuro determinando la población
óptima para el futuro y a partir de ese diagnóstico configurar un plan de
urbanismo y una planificación de infraestructuras necesarias para esa
dimensión, que debería pasar por una rehabilitación integral de todo el casco
antiguo buscando las ayudas necesarias para poderlo conseguir,.
A estas alturas, parece obvio que
Chinchón es un pueblo turístico y residencial. Se deberá tener esto en cuenta
para facilitar el negocio turístico y la vida tranquila de los residentes que
puedan trasladarse por las calles sin el riesgo de ser atropellados a cada
paso.
No quiero entrar en lo que deben
cobrar los representantes del pueblo que dedican parte de su tiempo a la
gestión pública; pero parece lógico que esta remuneración debería ser acorde
con el tiempo que dedican y el trabajo que realizan. Porque no hay que perder
de vista que son unos servidores públicos que además están ahí voluntariamente
y con el deseo (se supone) de servir a la comunidad. Otro ejemplo: Si un edil
se encarga de una concejalía debe cobrar por ello; pero si este edil necesita
un “asesor” que cobra un salario para que se encargue de que la concejalía
funcione, no es lógico que cobren los dos. O no se necesita un asesor o no se
necesita el concejal. Recuérdese, además, que para el asesoramiento y el buen funcionamiento del ayuntamiento ya existen funcionarios que deben conocer su cometido.
Y se podrían seguir diciendo
muchas cosas de lo que se debe (puede) o no se debe (puede) hacer en la Junta
de Gobierno de un Ayuntamiento, pero vamos a esperar a ver qué es lo que nos
dicen los nuevos candidatos para decidir quiénes nos ofrece mayor credibilidad, y
votarlos.
