"No se trata de reformar la Constitución para resolver el problema de Cataluña, porque el problema es de España. El deterioro de las instituciones amenaza con destruir el sistema democrático".
Un artículo de Juan Luis Cebrian en El País, del domingo pasado. He considerado que puede ser de interés, por lo que transcribo los primeros párrafos y añado el enlace para los que quieran leerlo completo:
http://elpais.com/elpais/2015/09/19/opinion/1442680976_955218.html
"La broma ha terminado”. Esta declaración del candidato del Partido Popular a presidente de la Generalitat de Cataluña pasará a la historia como el mejor resumen del pensamiento político ahora imperante en el partido del Gobierno. Las derivas autoritarias que el pánico electoral ha desatado en el mismo, a partir de la gran cantidad de poder político que los populares perdieron en los comicios municipales y autonómicos, no pueden encontrar mejor referente que la zafiedad de este exalcalde de Badalona, cuya vulgaridad de argumentos compite con la eficacia de su demagogia populista.
Pero la broma en cuestión ni ha terminado aún ni es ninguna broma. Se trata de un proyecto político, liderado desde el Gobierno catalán, que reclama la secesión de España y promete una declaración unilateral de independencia si logra una representación mayoritaria en el Parlamento de la comunidad autónoma. La impresionante manifestación popular del 11 de septiembre, al margen las disquisiciones sobre su volumen, y los pronósticos de las encuestas no auguran nada bueno para el futuro de nuestro Estado. Tras años de inmovilismo por parte del Gobierno del Partido Popular, confiado su presidente en que el tiempo y la recuperación económica despejarían los nubarrones que se ciernen sobre la cohesión territorial de España, el insensato proceso puesto en marcha con toda clase de artimañas dialécticas por Artur Mas es hoy elemento central del debate político. Tanto que ha sido incluso capaz de acallar las protestas por la corrupción y la existencia de verdaderas bandas de delincuentes organizadas en torno a la acción política. La respuesta defensiva, a veces histérica, de las autoridades de Madrid a la hora de enfrentar el problema, no hace sino aumentar día a día el sentimiento de agravio que muchos ciudadanos catalanes sienten, tengan o no la razón de su parte, ante las improvisaciones, arbitrariedades y atribuladas advertencias que les llegan desde la capital del Estado.
