sábado, 18 de julio de 2020

EN DEFENSA DE LO PÚBLICO



“Quienes propagan el mantra de que lo público no funciona, en el fondo lo que buscan es rebajar su aportación a lo común y pagar menos”.




Un artículo de Ignacio Escolar en Público.


La crisis de 2008 demostró que era falso que el mercado financiero se autorregulara solo. Era una mentira interesada, propagada por quienes se lucraban de un modelo así, y que acudieron prestos a pedir ayuda al sector público cuando sus castillos de naipes se derrumbaron, un rescate que pagamos con el dinero de todos. Liberalismo para los beneficios, socialismo para las pérdidas. Es una historia que todos recordamos cómo acabó: íbamos a reformar el capitalismo y al final fue el capitalismo el que nos reformó a nosotros.

Esta nueva crisis del coronavirus guarda algunos paralelismos con la anterior. De nuevo ha quedado patente una gran mentira: que el sector privado es siempre más eficiente que el público para gestionar lo común. Basta con repasar qué está ocurriendo en EEUU, con su desastroso modelo sanitario, para demostrar que no es así. Que es justo al contrario: la sanidad, la vivienda o la educación no se pueden dejar solo en manos del sector privado porque eso supone asumir que esos derechos fundamentales son solo para quienes los pueden pagar. Y que cuando lo público desaparece completamente de estos ámbitos, no solo se genera una enorme desigualdad, también una enorme ineficiencia. La sanidad estadounidense no solo es injusta, también es mucho más cara.

Cuando determinados poderes y sectores privilegiados intentan torpedear al sector público y reducirlo a la mínima expresión lo hacen por otra razón: los impuestos. No hay buenos servicios públicos sin un sistema fiscal justo y por tanto progresivo, como establece nuestra propia Constitución. Quienes propagan el mantra de que lo público no funciona, en el fondo lo que buscan es rebajar su aportación a lo común y pagar menos impuestos. Son los mismos que también argumentan que el dinero está mejor “en el bolsillo de los ciudadanos”, como si la ausencia de unos buenos servicios públicos no obligara a los ciudadanos a tener que pagar igualmente. Lo llaman individualismo pero la palabra exacta es otra: egoísmo.

Un debate está ligado al otro. Y de la misma manera que es imposible soplar y sorber al mismo tiempo, tampoco son compatibles los servicios públicos de calidad con las bajadas de impuestos. Porque las dos cosas no pueden ser, salvo que recurramos a la deuda, que en el fondo no es otra cosa que trasladar la factura, y el problema fiscal, a nuestros hijos. Es un debate técnico el cuándo y el cómo; es imposible asumir el coste de esta crisis sin aumentar la deuda. Pero más tarde o más temprano, las cuentas deberían cuadrar. Y solo se puede hacer de dos maneras: o con recortes o con impuestos.

De la misma forma que el gran debate en la crisis de 2008 fue esa refundación del capitalismo que nunca llegó, la crisis del coronavirus va a obligar a todos los países a decidir qué tipo de salida tomar. Igual que entonces, hay dos opciones: apostar por el interés general o no hacerlo. Que todos salgamos de esta situación al mismo tiempo o que haya quien se quede atrás. En la pasada crisis, todos recordamos qué sucedió. Que no vuelva a pasar depende de nosotros. La defensa de lo público no se puede quedar en los aplausos de las ocho de la tarde en el balcón.

domingo, 12 de julio de 2020

REPRESENTATIVIDAD




El Alcalde y la Corporación municipal tienen la representatividad del pueblo y en ocasiones ejercen esta representación de todos y cada uno de los ciudadanos en los actos en que estos no pueden estar presentes por diversas causas.

Por ejemplo, a una recepción en un organismo público no podríamos asistir todos los vecinos de Chinchón, y en estos casos son nuestras autoridades las que nos representan. 

Sin embargo, las autoridades deben tener en cuenta que están representando a TODOS los ciudadanos, y por lo tanto deberían pensarse muy detenidamente  el asistir a los actos con alguna significación conflictiva en la que pueda existir disparidad de opiniones entre los ciudadanos del pueblo, sobre todo cuando nada impide que estos puedan asistir, o no, personalmente a estos actos y celebraciones.

En un pueblo habrá creyentes y no creyentes y los primeros podrán asistir a los actos religiosos que se celebren y los segundos no asistirán; por eso, las autoridades no tienen por qué asistir a los actos religiosos como representantes municipales, aunque lo hagan a título personal.

En un pueblo hay aficionados taurinos y ciudadanos a los que no les gustan los toros. Las autoridades no tienen por qué asistir en representación del pueblo a manifestaciones ni pro ni antitaurinas, aunque son muy libres de asistir o no asistir a título personal.

Una cosa diferente es cuando esos representantes municipales actúan como miembros de un partido político; entonces pueden y deben defender las propuestas que han prometido a sus votantes.  

Y ya puestos, recordar que las autoridades municipales lo son para todos los ciudadanos, con independencia de si les votaron o no les votaron. Y recordarles también que deben ocuparse de todos ellos, sea cual sea su actividad. 

Es normal que se ocupen de las actividades que generan riqueza en el pueblo, pero procurando ser ecuánimes y no beneficiar a unos sectores perjudicando al resto, sobre todo si estos son mayoría.

En estos casos sería saludable que se tuviera en cuenta lo que cada uno aporta a las arcas municipales. Hace ya mucho tiempo, en Chinchón, se gobernaba de acuerdo con los criterios de los agricultores, ahora lo que prevalece es la opinión de los que viven de las actividades turísticas, y el problema es cuando se descuidan los derechos de los demás y la convivencia de todos.

Dicho claramente, queremos que nuestras autoridades nos representen a todos y gobiernen también para todos.